Comunicado ReD 2012

Un conjunto amplio de ciudadanos asumimos como propios los principios básicos que la Constitución de 1978 protege: la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y en especial la soberanía del pueblo. Sentimos, sin embargo, que dichos valores, que son además símbolo y síntesis del esfuerzo colectivo de toda una generación para establecer un marco de democracia y libertades, no se han visto suficientemente protegidos en la práctica.

Las propias instituciones del Estado no responden al contenido ni al espíritu de la Constitución. Ejemplos de ello son, entre otros, la falta de separación efectiva entre el poder judicial y el legislativo y ejecutivo o que el Senado no haya llegado a ser, más de 30 años más tarde, la cámara de representación territorial que se pretendía.

Por otra parte los mecanismos para asegurar una estabilidad política que la Constitución aportaba han tenido la consecuencia no deseable de dar lugar a un bipartidismo de facto, que junto a la discutible democracia interna de los partidos (ejemplo de ello es la disciplina de voto) impide que en los poderes públicos se refleje de manera mínimamente ajustada la verdadera pluralidad de la sociedad. Además, la ciudadanía ha sentido que muchas veces sus representantes políticos no ejercían sus labores con una dedicación, honradez y ánimo de servicio público a la altura de lo que se esperaba de ellos. Y lo que es más grave, la acción de los gobernantes no responde a menudo a la voluntad mayoritaria de los gobernados.

Son especialmente indignantes todos y cada uno de los casos de corrupción por parte de cargos públicos, de unos y otros partidos, en administraciones de todo rango. Tan sólo su número y naturaleza tendrían que llevar a la propia clase política a una severísima autocrítica que brilla por su ausencia.

Resultan asimismo inaceptables los recientes ejemplos de sometimiento del poder político al económico, bajo excusa de tratarse de la consecuencia inevitable de una economía de mercado globalizada. Ante los desmanes del sector financiero, nos encontramos que, por ser sector estratégico cuya estabilidad es clave para la estabilidad del conjunto de la economía y en consecuencia de la sociedad, se da lugar a la consabida injusticia de que los beneficios tengan naturaleza privada pero las pérdidas se acaben socializando.

La actual crisis no hace sino más patentes esos perjuicios. Una enorme parte de culpa de que nuestra sociedad no haya podido enfrentar esta crisis global en mejores condiciones la tiene la visión cortoplacista, miope y cobarde de la acción legislativa y de gobierno del conjunto de la clase política, en especial de todos los grandes partidos con responsabilidades de gobierno. No se quiso o no se supo poner coto a la llamada burbuja inmobiliaria ni sentar las bases para una diversificación de la actividad productiva.

Pero lejos de evitar responsabilizarnos como sociedad civil, asumimos que la democracia exige una ciudadanía activa y responsable. Reclamamos por tanto una regeneración democrática que suponga una mayor y más frecuente implicación de los gobernados con las decisiones que les afectan y que, además, debe hacerse necesariamente extensiva a la clase política.

Plasmamos la esencia de nuestra propuesta en cuatro puntos básicos que consideramos sintetizan los cambios necesarios. Puede haber otros aspectos adicionales y dejamos las puertas abiertas a otras aportaciones que se hagan con un mismo espíritu y que despierten un amplio consenso. Queda también abierta la manera en que la estructura de partidos, las instituciones y la sociedad en su conjunto deba dar curso, si lo estima oportuno, a estas propuestas y a las medidas concretas que entre todos lleguemos a acordar para su puesta en marcha:

  1. Reforma del sistema electoral: Demandamos un sistema electoral que garantice la equidad del voto y que el Congreso, como sede de la soberanía del conjunto de ciudadanos y el Senado como cámara de representación territorial reflejen la realidad de los resultados electorales en esos ámbitos, según esos “criterios de representación proporcional” que fija la Constitución Española en su artículo 68.
  2. Transparencia, Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción: Mecanismos que obliguen a las administraciones públicas a hacer público su funcionamiento interno permitiendo un suficiente control ciudadano para la exigencia efectiva de responsabilidad política de cualquier institución pública. Igualmente debería regularse la publicación del patrimonio antes, durante y al fin de su mandato de todos los cargos públicos electos así como la retribución de altos cargos, asesores y personal con sueldo a cargo del erario público con puestos no obtenidos mediante proceso de oposición o concurso de méritos abierto. El sistema político actual no puede regenerarse sin combatir la corrupción, tanto por sus efectos perjudiciales directos como por el daño que sufre la imagen de la democracia frente a la ciudadanía.
  3. Democracia participativa: Establecimiento de mecanismos efectivos de participación ciudadana. Los ciudadanos deben poder tomar parte en la toma de decisiones que afecten de manera trascendente a su futuro mediante referéndums y una ampliación de las materias que se pueden proponer modificar mediante las Iniciativas Legislativas Populares.
  4. Separación de poderes: Demandamos garantías de una separación efectiva entre los poderes del Estado mediante el establecimiento de las reformas legislativas oportunas para que, entre otras posibles, la elección de jueces y magistrados del Consejo Superior del Poder Judicial, los Tribunales superiores de Justicia, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional así como la fiscalía del Estado no quede en manos de los partidos políticos.